Otra Consecuencia del Terremoto: Modificación a la LGUC

Aunque el Colegio de Ingenieros, la Cámara Chilena de la Construcción y la agrupación de ingenieros calculistas insisten en que el comportamiento de los edificios en el terremoto de febrero fue adecuado, las autoridades del sector vivienda no están muy de acuerdo con ese comentario.

Los ingenieros y empresarios del rubro sostienen que muchos edificios sufrieron daños, pero no se cayeron, tal como lo estipulan las normas, lo que sin duda, resulta dolorosamente injusta frente a la angustia de los miles de chilenos que vieron los muros de sus casas o departamentos, partirse de arriba a abajo. Angustia que se revive a diario y que cobra especial fuerza cada día 27, que recuerda el fatídico último sábado de febrero 2010.

La Ministra de Vivienda y Urbanismo, Magdalena Matte convocó a un Consejo Asesor multidisciplinario y políticamente plural, cuya misión fue preparar una guía, pauta o metodología que contribuya a garantizar la seguridad de las edificaciones. La tarea específica será elaborar medidas para la emergencia, que actualicen, perfeccionen o complementen la normativa vi-gente para la construcción en nuestro país, especial-mente en materia de suelos, cálculo sismorresistente y responsabilidades de los responsables de diseños, ejecución y control de las obras.

El objetivo es contar con instrumentos y mecanismos que, de producirse otro terremoto como el que se espera para la zona norte del territorio nacional, no se reiteren consecuencias tan trágicas como las observadas en los edificios “Don Tristán”, Maipú, el Edificio “O’Higgins”. Constitución o “Alto Río, en Concepción, todos en investigación por la Justicia y con señales cada vez más fuertes acerca de la importante responsabilidad de los entes controladores públicos. Se tiene clara conciencia que muchos daños  Nadie hoy duda de que ese desastre pudo haberse evitado con una actuación diligente de las entidades públicas encargadas de fiscalizar el cumplimiento de la normativa tanto en su diseño como en la construcción e inspección de las mismas. Si bien, en opinión del Colegio de Ingenieros y la Cámara Chilena de la Construcción, en Santiago sólo un 0,3% de los edificios colapsó, existe la contraparte, también estadística, que el 14,4% sufrió severos daños, la mayoría de los cuales fueron construidos en los últimos diez años. Lamentablemente en la capital de la Región del Bío Bío, la cifra supera el 20% para los edificios de 15 o más pisos.

Según lo que ha trascendido 4 o 5 edificios residenciales deberán ser demolidos solo en Santiago, además de un número no precisado de construcciones que se declararon inhabitables. Concordamos en que la cifra de víctimas fatales es inmensamente inferior a la que registran eventos telúricos de gran magnitud registrados alrededor del mundo, lo cual es inmensamente apreciado –y mejor evaluado-, por la ingeniería mundial. No obstante, el nivel de afectados constituye un cifra más difícil de precisar en tanto se sabe que son miles de propietarios de viviendas (casas y depártamentos) de clase media que sufrieron daños no estructurales, pero que no cuentan con seguros comprometidos o si los tienen, éstos no cubren el bien si no el compromiso financiero- Es sin duda un drama que afecta a tales familias con alcances y repercusiones que nadie se ha preocupado de analizar.

Modificación a la LGUC, se caricaturiza como “La ley del ITO”.

Para mayor mal de los damnificados, los planes de reconstrucción avanza con lentitud pasmosa, que complica a los afectados, como lo demostraron las recientes protestas en Dichato y Rancagua. De acuerdo con la minuta publicada por el ministerio, actualizada al 9 de agosto, las familias con viviendas dañadas por el sismo suman 397.162 (de ellas, 217.469 con daño grave y 179.693 con daño menor). En contraste, el programa de reconstrucción y reparación de viviendas indica que se otorgarán 195.950 subsidios. De acuerdo con estas cifras, la diferencia no cubierta sería de 201.212 viviendas. En tanto, los subsidios a repartir en 2010 suman sólo 122.415.

Según la información oficial, los damnificados que se han registrado como tales son 265.504 y se espera que el proceso se cierre el 27 de agosto con unos 280.000. De ellos, según las proyecciones del ministerio, sólo 220.000 contarán con los requisitos que los habiliten para postular efectivamente a los subsidios. En este escenario que aparentemente no hace justicia a la eficiencia técnica que proclama el eslogan sobre la “nueva forma de gobernar”, el Presidente Sebastián Piñera se aprestaba a dar a conocer el Plan de Reconstrucción Nacional. La Ley de Sismos y Catástrofes obliga al gobierno a dictar el plan de reconstrucción en el plazo de 180 días contados desde el cataclismo.

El diputado Patricio Hales (PPD), arquitecto de profesión expresa que “si bien a mi juicio el gobierno está dando palos de ciego en materia de reconstrucción, debo reconocer que la ministra tiene convicción respecto de avanzar en el mejoramiento de las normas de la construcción, detallar las responsabilidades de las inmobiliarias y crear, por ley, la figura de la Inspección Técnica de Obra, encargada de que las edificaciones se hagan bien.

Hales tuvo ocasión de conocer el anteproyecto de ley que pretende instalar la Inspección Técnica de Obra (ITO), que aún no se envía al Congreso. Se trata de una modificación a la Ley de Calidad de la Vivienda que instaura el registro nacional de los ITO y establece los deberes y sanciones a los que se exponen quienes desempeñen dicho rol. Una medida imprescindible si se toma en cuenta que en varios de los edificios que evidenciaron daños severos con el terremoto, las constructoras sencillamente no cumplieron con lo estipulado en los planos de cálculo. Así ocurrió, según ha trascendido, en el edificio Regina Oriente de la inmobiliaria Penta. El presidente del Colegio de Ingenieros y miembro del Consejo Asesor de la ministra, Fernando Agüero, señala que lo que se ha discutido sobre los ITO es crear “un registro nacional, que seguramente lo llevaría el mismo ministerio, en el que se deberían inscribir las personas o empresas que quieran hacer inspecciones técnicas y que demuestren reunir las condiciones de experiencia, solvencia e idoneidad”.

Aunque Hales cree que el anteproyecto abunda poco en la descripción de las tareas del ITO y mucho en aspectos administrativos sobre su inscripción en el registro, reconoce la importancia de que el ministerio aborde la necesidad de instaurar este fiscalizador: “En las obras hay instrucciones de los planos que muchas veces no se cumplen porque no hay inspectores técnicos con autoridad e imperio para imponerse. Una cantidad minoritaria de empresas, pero importante, terminan no obedeciendo las instrucciones”. MC

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