El terremoto mexicano.

Repitamos parte de la historia. El terremoto de 19/09/1985, magnitud 8,1 Richter fue seguido por una importante réplica de 7,9 grados, dejando un saldo de aproximadamente diez mil víctimas fatales. El pasado 19/09/2017, pasado el mediodía, se manifestó un sismo de magnitud 7,1 Richter, apenas doce días después de otro de 8,2 grados, con otro lamentable saldo de 300 víctimas, además de un importante número de edificios colapsados o con graves daños estructurales. Las primeras impresiones de los especialistas locales hacen mención de la presencia de varias placas tectónicas a lo que podrían sumarse posibles irregularidades en el diseño, la construcción o el mantenimiento de los inmuebles.

Al menos ha sido parte de la explicación comentada por expertos del Servicio Sismológico Nacional -SSN-, dependiente de la prestigiosa Universidad Autónoma de México, UNAM. En efecto, Xyoli Pérez Campos, directora del SSN, ha explicado que «México está en un contexto tectónico complicado: tenemos la interacción de cinco placas, «Cocos», «de Norteamérica», «del Pacífico», «de Rivera» y «del Caribe». Agrega que «estas placas son segmentos de la corteza terrestre, cuya interacción sobre el manto viscoso del suelo natural, es la causa principal de los movimientos telúricos. Por otra parte, según el primer reporte del SSN, «los terremotos del 7 y del 19 de septiembre son independientes entre si por cuanto el primero se presentó en el Golfo de Tehuantepec en tanto que el del 19/09, en Puebla y Morelos. La directora Xyoli Pérez, enfatizó que el hecho de dos sismos se hayan resgitrado en la misma fecha, con 32 años de diferencia, «solo se trata de una lamentable coincidencia. Los sismos no se pueden predecir por lo que – recuerda – siempre se debe estar alerta y preparados».

Cumplimiento de la normativa sismoresistente.

Después del evento de 1985 la normalización oficial fue actualizada, incorporando metodologías de diseño y construcción que se debieron haber aplicado a los nuevos proyectos y a las reparaciones de los edificios dañados. El geólogo Leonardo Ramirez, del SSN, aclara que segun las estimaciones de ese servicio, cerca de 6,5 millones de habitantes en Ciudad de México y más de 12,4 millones en la zona central del país, estuvieron expuestas en este último terremoto». El experto sugirió que los mayores daños se deben a que no se aplicaron de manera correcta los nuevos reglamentos de construcción o a que algunas de las construcciones dañadas en sismo anteriores no se repararon adecuadamente».

Luego del desastre de 1985 se elaboró un código que regula la construcción de los edificios con características de sismoresistencia, sin embargo el sismólogo Victor Cruz Atienza, de la UNAM, explicó a los medios que «aquella reglamentación, modificada luego del evento de 1985, ha debido ser ajustada considerando eventuales magnitudes sísmicas mayores al 8,1 Richter de esa vez. Aun así, agrega, muchos edificios construidos antes de los cambios, no responden a las exigencias normativas actuales, sobre todo después del 2004, donde se implementaron las reformas más relevantes del código de construcción», lo que explicaría los severos daños registrados ahora.

Fiscalización insuficiente.

Por otra parte, investigadores del Instituto de Geofísica UNAM, manifestaron al al diario «La Jornada» su preocupación «porque los desarrolladores inmobiliarios estén cumpliendo con las normas vigentes. Es preocupante el saldo de 700 inmuebles con daños severos, incluyendo edificios públicos, de servicios, hospitales y escuelas. A su vez, en el diario «Excelsior» se recordó que en la delegación de Cuauthémoc, fue la más afectada en Ciudad de México en 1985 y aun existen alrededor de 200 edificios en riesgo por fallas estructurales y falta de mantenimiento.

En esta materia cabe reflexionar lo importante que resulta contar con entidades fiscalizadoras, revisoras o supervisoras externas, que intervengan tanto en la etapa de diseño como en la ejecución de las obras. No basta que se promulguen leyes y reglamentos si no se consultan las instancias que las fiscalicen. En realidades como la construcción mexicana, entendemos que dicho rol es esencialmente responsabilidad del Estado aunque al parecer, no se dispuso oportunamente de tales recursos. Como sabemos, en Chile el marco legal que regula la construcción de edificios e infraestructura establece rigurosas instancias de análisis y aprobación, como son los revisores de arquitectura y cálculo, en la etapa de diseño, y de la inspección técnica, al momento de ejecutar las obras. Dicha regulación incluye responsabilidades y sanciones para todos los agentes que intervienen en el proceso.

Volviendo al caso mexicano, si bien no han trascendido detalles relacionados con formalidades que son exigibles en esta materia, atendiendo el tamaño de los estados Unidos Mexicanos, cuya superficie territorial es del orden de los 2 millones de kilómetros cuadrados (décimo cuarto país más extenso en el mundo), con una población estimada en 119 millones de habitantes (undécimo más poblado del planeta), presenta características sociales singulares, por ejemplo, que se hablan cerca de 290 idiomas, lo que le ubica como el séptimo país con mayor diversidad lingüistica, elementos que, desde la distancia, explicarían parte de las dificultades que dieron origen a los lamentables efectos comentados. No obstante, desde la perspectiva estrictamente profesional, es probable que lo declarado por los investigadores de la UNAM haya sido efectivo: les preocupa que los desarrolladores inmobiliarios no estén cumpliendo la nueva normativa lo cual, de ser real, amerita una revisión de los mecanismos de control de los proyectos, tanto en la etapa de diseño como en la ejecución. Quizás las instancias que existen en nuestro medio, esto es revisores e inspección técnica externos, podrían resultar un buen aporte colaborativo de nuestra ingeniería hacia las particularidades del mundo de la construcción mexicano.