Avances en Juicio por Edificio Alto Río

A la sorpresa e incredulidad provocada en los constructores chilenos, tras conocerse parte del informe elaborado por IDIEM respecto de la caída del edificio Alto Río en Concepción, se suma ahora la formalización que el Fiscal de la causa, Nelson Vigueras, ha solicitado al respectivo Juzgado de Garantía, quien fijará la audiencia para marzo próximo.

Comparecientes serán el conocido ingeniero especialista en mecánica de suelos, Pedro Ortigosa de Pablo, su colega René Petinelli, calculista del edificio, profesional de reconocido prestigio en la Región del Bío Bío, además de Juan Ignacio Ortigosa, Felipe Parra y Ricardo Baeza, representantes de la empresa SOCOVIL, que construyó el edificio. También serán formalizados Mario Valeria, Administrador, y los jefes de obra, José Paredes y Héctor Torres, en estos dos últimos casos, si no se trata de profesionales universitarios, entendemos que no podrían asumir ningún tipo de responsabilidad en este desastre. La querella es, en primera instancia, por el cuasidelito de homicidio y lesiones graves, que podrá ampliarse, en una próxima etapa legal, a homicidio.

Según Vigueras, las ocho personas involucradas en la citación, tienen responsabilidad en el derrumbe del edificio Alto Río por cuanto, según su propia investigación y el informe pericial de IDIEM, Laboratorio de Investigación y Ensayes de Materiales de la Universidad de Chile, hubo deficiencias en la clasificación del suelo, en el dimensionamiento estructural y en la construcción propiamente tal. El Fiscal aseveró que las penas que arriesgan quienes resulten formalizados, es de hasta 3 años de presidio.

El abogado Alejandro Espinoza, que representa a la empresa constructora los defendió argumentando que sus representados encargaron a terceros, profesionales de gran prestigio y experiencia, tanto el estudio de mecánica de suelos como el diseño estructural, etapas que presentan las mayores falencias, según la resolución de la fiscalía. Agregó que han solicitado un informe a otro laboratorio, el DICTUC, dependiente de la Universidad Católica (Santiago) para “contrarrestar” lo informado por IDIEM.

¿Qué pasará si DICTUC informa todo lo contrario que IDIEM?

Sería un caso increíblemente raro. En tal situación el Fiscal se vería sin respaldo y el Juez no sabría a quien culpar. En nuestra opinión, esto es imposible que suceda. Además, según ha trascendido, DICTUC estuvo presente en la construcción del edificio Alto Río, por lo que podría abstenerse de intervenir, por considerarse parte involucrada. Pese a ello, todo indica que las conclusiones de ambas entidades universitarias, no deberían ser muy diferentes.

Investigación en la I Municipalidad de Concepción

Otra arista de la investigación se desarrolla en la DOM de Concepción, tarea que asumió la PDI para dar con el paradero de la documentación técnica del edificio, misteriosamente extraviada al interior de la casa consistorial. Con seguridad, la policía civil encontrará al menos las pistas que permitan sancionar a quienes resulten responsables por tan extraño suceso que arroja sombras de preocupante corrupción en nuestro medio.

En este nuevo escenario, no se hace mención a un hecho que si se comentó hace algún tiempo en orden a señalar que se habría construido un piso mas que los autorizados originalmente por la DOM. Como se han perdido los planos desde las dependencias municipales, tampoco será posible, por el momento, dilucidar tamaña irregularidad.

¿Y los propietarios?

Los primeros en ser informados de la resolución del Fiscal Vigueras, fueron los copropietarios del derruido edificio, los que al menos ven, tras casi un año de tramitaciones, una luz al final de este trágico túnel, aunque nada claro hay respecto de eventuales indemnizaciones. El gobierno regional está realizando gestiones para ayudarles a conseguir otro subsidio para que puedan aspirar a una nueva vivienda. Con toda seguridad en este caso buscarán en viviendas bajas tras la amarga experiencia vivida en el Alto Río. Volviendo al tema principal, la Fiscalía les notificó que les hará entrega del edificio para que puedan ingresar a rescatar lo que puedan, bajo su responsabilidad. De paso les informó que la vigilancia policial se mantendrá solo por un par de días más, por lo cual, es muy probable que el derrumbado edificio será presa de los delincuentes, antes que los propietarios consigan medios para intentar la recuperación de sus bienes. Finalmente, se entiende que el Ministerio de Obras Públicas se hará cargo, con recursos de todos los chilenos, de la demolición y el retiro de escombros de la colapsada edificación. MC