La industria de la construcción y la crisis.
¡A revisarlo todo!
La industria de la construcción constituye un agente relevante en el desarrollo económico del país en tanto mueve grandes recursos financieros, demanda numerosos y variados servicios, consume materiales e insumos en significativos volúmenes y es un gran empleador de profesionales, técnicos y trabajadores de todo nivel. No obstante, la relación entre estos actores no siempre es equitativa y por lo mismo, origina numerosos conflictos entre todos quienes participan en esta actividad productiva, con claras muestras de iniquidades e injusticias que también han incidido en las manifestaciones que han estremecido a nuestro país. A continuación ofrecemos un breve análisis de lo sucedido desde la perspectiva de Mundo de la Construcción.
En primer lugar, señalemos el desorden, con evidentes visos de abuso, de parte de muchos mandantes e inmobiliarias, que demoran o no dan curso oportuno a los estados de pago de las empresas constructoras -de todo tamaño-, las que a su vez, restringen las liquidaciones de sus trabajadores, a los subcontratistas y a los proveedores, todo lo cual fomenta la desigualdad a limites intolerables. Luego, en la relación empleado-empleador, la gente protesta por los abusos en las jornadas de trabajo de 10 y 12 horas o por los contratos a honorarios; por los pagos truchos, con platas “bajo cuerda” o por trampas en las remuneraciones imponibles, donde se mezclan movilización, colación, gratificaciones de manera de parecer más dinero pero con menos imposiciones. Eso es desigualdad.
Agréguese la falta de fiscalización oficial respecto del cumplimiento de la cancelación oportuna de las cotizaciones previsionales y de salud así como las enormes diferencias de las remuneraciones entre profesionales, técnicos y la mano de obra, sin dejar de mencionar la ausencia de beneficios para nuestros colaboradores. No aspiramos a que vuelvan los tiempos del “Tarifado de la Construcción” ni a como era antes, cuando los profesionales lográbamos armar equipos de trabajo que nos acompañaban en obra tras obra, por muchos años. Hoy en día lo equitativo sería considerar un justo reconocimiento al esfuerzo diario de cada trabajador, no tan solo mejorando los pagos sino invirtiendo en su capacitación; en mejorar -¿sanear?- las condiciones del trabajo; en dotar de servicios higiénicos decentes; en enseñarles todo lo que necesitan saber –desde leer hasta cálculos simples, legislación laboral, seguridad, interpretación de planos, uso de nuevas tecnologías- incluso permitiéndoles participar en las reuniones técnicas; en enseñarles y motivar la innovación en sus tareas diarias; en preocuparse de manera real por la atención y cuidando de sus familias. No hacerlo, es desigualdad.
También provoca rabia y encono en nuestros compatriotas la actitud de las inmobiliarias que elevan los precios de las viviendas nuevas pese a que bajan las tasas para los créditos hipotecarios, lo cual constituye un verdadera agresión a la clase media, a los matrimonios y parejas jóvenes… ni que decir de la población vulnerable y tercera edad. Eso, sin duda, es desigualdad.
Finalmente, mas que desigualdad, es preciso revertir el serio déficit ético de los profesionales del sector, que se coluden con propietarios inescrupulosos para que, mediante procesos constructivos viciados, presentar proyectos ante las direcciones de obras, que consideran superficies compatibles con el DFL 2 -para aprovechar beneficios tributarios-, pero que una vez recibidas por las respectivas municipalidades, las transforman en verdaderas mansiones, con superficies edificadas que doblan o triplican lo pagado torcidamente, afectando gravemente los ingresos de las corporaciones edilicias, que necesitan esas platas para cumplir con las demandas y necesidades de sus respectivas comunas. Agrávese lo expuesto entendiendo que muchos de estos casos cuentan con la complicidad incluso de los propios funcionarios que deberían ser, antes que ninguna cosa, fiscalizadores rigurosos y conscientes.
Viviendas sociales
¿Es necesario explicar por que hay desigualdad cuando hablamos de viviendas sociales? Una imagen explica mejor que mil palabras.
Poblaciones en los extramuros de las ciudades, viviendas que disponen de espacios mínimos, con instalaciones precarias, materiales de corta vida, terrenos saneados a medias, sin acceso a escuelas, centros comerciales, plazas. Hacinamiento inhumano. Otra vez apelamos a los principios éticos de los profesionales. Tenemos que aportar tiempo y talento para conformar leyes, reglamentos y normas que no atenten contra las familias y su dignidad. Aplicar lo que nos enseñaron en las Universidades en diseño urbano, en habitabilidad, en planificación, en justicia y equidad. No hacerlo es desigualdad.
Suma y sigue: empresas que incumplen las disposiciones legales vigentes sobre seguridad, limitando a 24 el número de trabajadores contratados, para no formar Comité Paritario de Higiene y Seguridad en sus obras; empleadores que juegan una especie de bicicletas con sus empleados, trasladándolos por distintas obras y obligándoles a firmar finiquitos arreglados que solo perjudican al trabajador, que entre otras cosas, pierden vacaciones; faenas en las que no se respetan las condiciones sanitarias mínimas, exigidas por la legislación vigente, específicamente por el Decreto 594 que establece las condiciones sanitarias básicas que deben cumplirse en toda obra, sucursal o faena; o empresas que contratan profesionales recién egresados, con remuneraciones irrisorias y asignándoles responsabilidades que no podrán cumplir con idoneidad, en perjuicio de los mandantes y de los profesionales de mayor experiencia. Todo esto es desigualdad.
¿Qué hacer?
No será difícil superar la desigualdad en la construcción. Solo se requiere que los profesionales actuemos con idoneidad ética; que las autoridades del sector, llámense Ministerio de la Vivienda y las Municipalidades para que humanicen la legislación y fiscalicen lo que hace el sector privado y muchísimas entidades públicas; que la Contraloría cumpla sus funciones contraloras sin esperar denuncias o estallidos sociales; que los colegios profesionales retomen la tuición y control sobre el desempeño de sus integrantes; que las Universidades actualicen sus planes y programas de estudios, que los involucren con la realidad social de la ciudadanía. Hay mucho por hacer y no hay tiempo de sobra. Es un deber de todos quienes trabajamos en esta industria tomar conciencia de la desigualdad que hay en todos los ámbitos de la sociedad y participar con entusiasmo, responsabilidad y compromiso para construir un Chile unido, justo e igualitario.
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