La ley Nº 21.631, promulgada con fecha 26 de octubre del presente año, establece un beneficio tributario transitorio y extraordinario a la compra de viviendas nuevas adquiridas con créditos que incluyen garantías hipotecaria. Expertos de Altas Cumbres la consideran un estímulo a la industria en medio de un alicaído mercado inmobiliario
Los intensos días vividos con motivo de las manifestaciones ciudadanas, han permitido sacar a la luz situaciones perfectamente conocidas pero que, por la complicidad de muchos actores, permanecían ocultas hasta que se produjo el reventón. ¿Cómo le incumbe lo sucedido a la industria de la construcción? Entre los conceptos mas reiterados aparecidos con motivo del denominado «estallido social», la desigualdad aparece como el de mayor dimensión. Y con justa razón.
La irresponsable indiferencia de las compañías de distribución eléctrica en nuestro país atentan seriamente con el cumplimiento de los plazos en los proyectos de construcción. La creciente preocupación de inmobiliarias y constructoras por este ineficiente monopolio amerita la pronta intervención del Estado para evitar se siga encareciendo el precio de las viviendas.
A partir del 23 de enero pasado, el MINVU ha convocado, a través de su sitio web, una consulta pública para que la ciudadanía realice sus aportes respecto de nuevas modificaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones referidas al impacto de los proyectos en la ciudad, entre otras materias.
Después de más de dos años de publicada la ley 20.703, que crea el Registro Nacional de ITO, se ha conocido el borrador del Reglamento, documento que aun presenta deficiencias que deberán resolverse tras el proceso de consulta pública, convocado por el MINVU.
En noviembre de 2013 se promulgó la ley 20.703, que entre otras disposiciones, crea el Registro Nacional de ITO, en el cual deberán inscribirse los profesionales que se desempeñan en esa especialidad. Transcurrido casi 2 años, aun no se conoce el reglamento de dicha instancia, que depende del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. La contingencia política y recurrentes catástrofes que han afectado al país, podrían justificar esta molesta demora, que debería revertirse antes que culmine este año.
En noviembre de 2013 se promulgó la ley 20.703, que en Mundo de la Construcción, hemos comentado anteriormente. Sin embargo, a la fecha, aun no se dicta el Reglamento para el Registro Nacional, lo cual impide aplicar dicho instrumento legal. Revisemos el estatus.
En el Diario Oficial del martes 5 de noviembre, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo publicó la Ley Nº 20.703, que crea y regula los registros nacionales de Inspectores Técnicos de Obras (ITO) y de Revisores de Proyectos de Cálculo Estructural. El proyecto, que fue enviado por el Ejecutivo, en enero de 2012, demoró casi 2 años en ser despachado por el Legislativo, instancia que lo sometió a un detenido análisis hasta su aprobación definitiva. No obstante, la nueva modificación a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, ha presentado numerosos reparos y observaciones de los distintos agentes que participan en la construcción nacional.
El Presidente de la República, Sebastián Piñera, junto al ministro de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Pérez, promulgó el Decreto Supremo sobre la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano, PNDU, que busca orientar el desarrollo de las ciudades chilenas durante los próximos 50 años, trascendiendo a los gobiernos de turno, y cuyo objetivo es dar cuenta de las aspiraciones comunes, de las necesidades y carencias, de las reformas y caminos que, en materia de desarrollo urbano, es preciso recorrer para ser un mejor país. El nuevo instrumento legal crea el Consejo Asesor permanente, que velará por la implementación de dicha política en el tiempo.
En segundo trámite, en la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano del Senado, se encuentra el proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones que, entre otras disposiciones, establece la obligación de contar con inspección técnica en la construcción de los proyectos de uso público, al tiempo que crea el Registro Nacional de ITOs y dispone la responsabilidad subsidiaria de la ITO con los constructores, ante fallas o defectos en la construcción.
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